Farah (nombre falso por su seguridad) tiene 21 años. Hace más de un año dejó Marruecos, no solo porque el artículo 489 del Código Penal criminaliza los actos sexuales entre personas del mismo sexo como “actos impúdicos o antinaturales”, castigándolos con penas de prisión de entre seis meses y tres años, sino sobre todo porque fue agredida por su familia y por la familia de su novia. No fue una huida improvisada ni un capricho: fue una salida urgente para seguir con vida.
Como tantas otras personas LGTB en contextos hostiles, Farah hizo lo que pudo. Atravesó varios países, cambió de planes, se adaptó a lo que encontraba en el camino y terminó llegando a la frontera de Estados Unidos con una idea clara: pedir asilo. La ley estadounidense —y los tratados internacionales— reconocen la persecución por orientación sexual como un motivo válido de protección. Farah tenía motivos de sobra.
Pero la teoría y la práctica no siempre se tocan.
Farah fue detenida por ICE y pasó cerca de un año bajo custodia migratoria. Durante ese tiempo explicó su historia, aportó pruebas y relató la violencia sufrida. En agosto de 2025, un juez de inmigración le dio la razón en algo clave: ordenó que no fuera deportada a Marruecos, al considerar que su vida corría peligro allí.
Y aun así, fue deportada.
Primero, a Camerún, un país con el que no tenía ningún vínculo y donde la homosexualidad también es delito. Allí fue detenida de nuevo, sin explicaciones claras, sin red de apoyo, sin saber por qué una orden judicial había dejado de importar. Semanas después, terminó siendo devuelta al lugar del que había huido: Marruecos.
Hoy, Farah vive escondida. Cambia de domicilio cuando puede, evita llamar la atención, limita sus movimientos. Ha contado a la agencia Associated Press que teme tanto a su familia como a las autoridades, y que la sensación constante es la de estar siempre a punto de ser descubierta. No habla de planes de futuro. Habla de sobrevivir.
Su caso no es una excepción. Organizaciones de derechos humanos llevan tiempo denunciando que Estados Unidos está utilizando deportaciones a “terceros países” para sortear decisiones judiciales y acelerar expulsiones, incluso cuando existen riesgos documentados para las personas deportadas. En el caso de solicitantes de asilo LGTB, esto significa algo muy concreto: ser enviadas a lugares donde amar puede llevarte a la cárcel, a la violencia o a la muerte.
Conviene repetirlo, porque a veces se diluye entre titulares y burocracia:
Marruecos penaliza legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo. Camerún también. En ambos países, las personas LGTB pueden ser detenidas, encarceladas o sufrir violencia con total impunidad. No es una opinión: es ley.
Cuando se habla de inmigración, los discursos suelen llenarse de cifras, de políticas, de fronteras abstractas. La historia de Farah devuelve el foco a lo esencial: una mujer joven, lesbiana, que pidió protección y fue devuelta al peligro. Con nombre falso, con miedo real y con una vida suspendida.
Estados Unidos se presenta a menudo como refugio, como lugar seguro, como tierra de derechos. Casos como el de Farah obligan a hacer una pregunta incómoda pero necesaria:
¿de qué sirven las leyes de asilo si no se cumplen cuando más falta hacen?
