Desde hace algunos meses la realidad supera la ficción. Somos espectadoras de una cotidianidad que parece el guion de cualquier serie distópica. Pero no. Es la realidad. Y en este caso muy dura.
El 7 de enero de 2026, en una calle residencial de Minneapolis (Minnesota, EE. UU.), una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) terminó con la vida de Renee Nicole Good, de 37 años, tras recibir disparos de un agente federal. El episodio ha reactivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las agencias migratorias, la militarización de las redadas y la falta de rendición de cuentas en Estados Unidos.
En redes circula el vídeo de su pareja, absolutamente desconsolada. “Mataron a mi esposa. No sé qué hacer”, dice la mujer entre sollozos en la grabación. “Nos detuvimos para grabar y le dispararon en la cabeza”, llora la mujer. “Tenemos un hijo de 6 años en la escuela”, dice, casi sin poder respirar, mientras se desarrolla una escena caótica en la que agentes federales impidieron que al menos un médico que se encontraba en el lugar atendiera a la víctima del disparo. “Somos nuevos aquí”, dice la mujer angustiada y desesperada.
La víctima, madre, esposa y residente de las llamadas Twin Cities (Minneapolis–Saint Paul), llevaba una vida sin antecedentes violentos ni historial criminal más allá de una multa de tráfico, según familiares. Estudió escritura y expresión vocal. “Probablemente estaba aterrorizada”, declaró su madre al periódico. “Renée era una de las personas más amables que he conocido. Era sumamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa. Era un ser humano increíble”.
El video se difundió horas después de que la victima recibiera un disparo mortal mientras se encontraba en su coche, durante lo que el Departamento de Seguridad Nacional ha descrito como la mayor oleada de control migratorio en la historia de Minnesota. Aproximadamente dos mil agentes federales han sido desplegados en todo el estado como parte de la agresiva ofensiva migratoria de la administración Trump.
Varios videos grabados por testigos y difundidos en redes y medios muestran una escena diferente. Las grabaciones captan a agentes acercándose al vehículo con rapidez y, poco después, se escuchan tres disparos mientras el vehículo se encontraba moviéndose lentamente. El auto terminó estrellándose contra otros vehículos aparcados momentos después.
Algunos testigos señalaron que la mujer intentó simplemente alejarse de la escena o permitir el paso tras la llegada de los agentes, sin mostrar amenazas claras. Las imágenes y los relatos circulan sin que las autoridades hayan reconciliado públicamente estas versiones con la explicación del DHS.
Su muerte ha causado conmoción no solo en su entorno cercano, sino también en comunidades activistas y vecinales que cuestionan la presencia y las tácticas del ICE en ciudades que explícitamente se oponen a las redadas migratorias.
El miércoles por la tarde, el presidente Trump intervino en su sitio de redes sociales, Truth Social, afirmando que “acababa de ver el clip” y afirmando que la mujer que filmaba era “obviamente, una agitadora profesional” y que el conductor había “atropellado violenta, deliberada y brutalmente al oficial de ICE”, calificando el tiroteo como un acto de defensa propia y culpando a lo que describió como un “movimiento radical de izquierda de violencia y odio”.
Que un presidente pueda justificar la muerte de una persona basándose en afirmaciones no verificadas públicamente y sostener la narrativa sin evidencia clara, mientras autoridades locales contradicen esos relatos, pone de manifiesto un problema estructural en la aplicación de la ley y en el trato de la población por parte del Estado.
La reacción de la comunidad en Minneapolis —protestas, velas, demandas de responsabilidad— refleja no solo la indignación por un hecho concreto, sino el cansancio acumulado ante un enfoque punitivo de la política migratoria que termina afectando a civiles comunes.
Nuestro sentido pésame a una familia rota.
